Yidis Medina si vendiò su voto por la reelecciòn, sostiene la Corte Suprema e Justicia

La sala penal de la Corte Suprema todavía no ha decidido si acepta la sentencia anticipada para Yidis Medina, como lo pide su defensa.
Así lo deja en claro en la providencia en la que le dictó medida de aseguramiento a la ex congresista y le negó la detención domiciliaria. La providencia fue conocida en su totalidad por EL TIEMPO.
El tribunal envió copias del proceso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que sean tenidas en cuenta dentro de una investigación que ya se adelanta contra el presidente Álvaro Uribe por este caso. Lo mismo hizo a la Fiscalía para que investigue a los altos funcionarios posiblemente involucrados.
Si bien se trata de un procedimiento normal cuando la Corte conoce denuncias contra funcionarios que no son de su competencia, la decisión en contra de Medina reconoce que en la aprobación de la reelección hubo compraventa de votos.Según la Corte, "la ex congresista implicada no aceptó ni recibió las prebendas para que votara conforme a sus convicciones, sino para que lo emitiera en dirección contraria al sentido que pública y previamente había anunciado". Yidis, agrega la decisión de la Sala Penal, "traicionó la probidad intelectual que debe presidir la labor congresional (y ) transgredió el orden jurídico penal en detrimento del bien jurídico de la administración pública".Los magistrados evaluaron las pruebas entregadas por la ex parlamentaria y el alcance de su confesión. Según la Corte, "de manera libre y voluntaria la ex congresista aceptó haber aprobado el proyecto de reelección presidencial a cambio de ofrecimientos gubernamentales que se concretaron luego de su aprobación". No obstante, en el 2004, ella había dicho que su voto había sido libre y a conciencia. Ahora, la credibilidad de las versiones sobre los ofrecimientos que le habrían hecho, dice la providencia, se fundamenta, entre otras cosas, en que Yidis aportó "atendibles pruebas documentales" que incluso pueden "incriminarla en la comisión del presunto delito de concusión u otros", además del cohecho (aceptar dádivas a cambio de ejercer su función), por el que la Corte ordenó su captura. La Corte decidió que como de la investigación "se desprende la comisión de presuntos delitos en que pudieron incurrir varios funcionarios y ex funcionarios del Estado cuyo juzgamiento escapa a su competencia", enviará copias del proceso a las autoridades correspondientes.Entre esas autoridades está el Consejo Superior de la Judicatura, al que le pidió investigar a los abogados Clara María González y Álvaro Montoya. Según Yidis, ellos fueron los que la asesoraron en los procesos que le siguieron por su sorpresivo cambio de voto a favor de la reelección y sus servicios supuestamente fueron contratados a través de un hermano del ex asesor presidencial Fabio Echeverri.Aún pendiente de resolver si acepta o no la petición de sentencia anticipada de Yidis, la Sala Penal de la Corte Suprema decidió extender la investigación al representante Iván Díaz Mateus, titular de la curul que por tres meses ocupó ella en el 2004, y está a punto de decidir la situación del ex representante Teodolindo Avendaño, quien según Yidis recibió 450 millones de pesos por ausentarse de la votación de la reelección en la Comisión I de Cámara.